José Luis Moreno lleva años envuelto en distintas polémicas y procedimientos judiciales relacionados con sus negocios, las deudas de sus sociedades y una presunta trama de estafas investigada en el marco de la operación Titella. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que el productor debe responder de foma subsidiaria de una deuda tributaria de 1,2 millones de euros de Alba Adriática, la empresa detrás de la serie Aquí no hay quien viva, así como de otros más de 413.000 euros correspondientes a Kulteperalia, otra de sus sociedades.
El productor, que continúa imputado en la causa de la operación Titella por su presunta implicación en una trama de estafas y a la espera de que se abra juicio oral, vuelve a estar en el foco judicial por sus problemas fiscales. Tal y como publica en exclusiva elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado, en dos sentencias, su responsabilidad subsidiaria por las deudas tributarias de Alba Adriática y Kulteperalia, dos sociedades vinculadas a su actividad empresarial.
Así lo establecen las dos sentencias, tramitadas por la vía contencioso-administrativa, a las que ha tenido acceso el citado medio. La deuda de mayor cuantía, de 1,2 millones de euros, corresponde a Alba Adriática. José Luis Moreno es el administrador único de esta productora, de la que han salido series y programas de televisión tan exitosos y conocidos como Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Noche de fiesta o Escenas de matrimonio. En cuanto a Kulteperalia, con sede en Moraleja de Enmedio, donde el también ventrílocuo tiene uno de los mayores estudios de grabación de España y en cuyas instalaciones se han grabado algunas de estas series, la deuda supera los 413.000 euros y se corresponde con once reclamaciones relacionadas con el IVA.
Estas dos sentencias se aplican exclusivamente a las deudas fiscales que estas sociedades del productor mantienen con Hacienda. No se pronuncian sobre la presunta trama de estafas por la que también está siendo investigado, ya que la causa penal continúa abierta en la Audiencia Nacional desde 2021. Está pendiente que la Fiscalía presente su escrito de acusación, algo que ya han hecho varios bancos presuntamente afectados, un paso previo a la cercana apertura del juicio oral.
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